Un año desde que Estambul perdió a su alcalde: cómo la detención de Ekrem İmamoğlu marcó a Turquía

Un repaso a los doce meses que redefinieron el equilibrio de poder en Turquía, entre protestas, represión y un juicio que sigue abierto

Un hombre sostiene un cartel con la imagen del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoğlu, durante una manifestación (REUTERS/Umit Bektas)

Hace exactamente un año, Turquía despertaba con una noticia que cambiaría radicalmente el paisaje político del país. Ekrem İmamoğlu, alcalde de Estambul y principal rostro de la oposición al presidente Recep Tayyip Erdoğan, era arrestado en su domicilio por una unidad especial de la policía. Acusado de corrupción, espionaje y supuestos vínculos con organizaciones terroristas, su detención marcó el comienzo de una de las crisis democráticas más profundas que ha vivido el país en las últimas dos décadas. Ya en la víspera de su detención, el Consejo de Educación Superior turco (YÖK) había anunciado la anulación de su título universitario. Sin diploma universitario válido, İmamoğlu no podría optar a la Presidencia de la República según la actual legislación turca.

La reacción ciudadana al arresto del alcalde fue inmediata. Las primeras concentraciones se convocaron espontáneamente esa misma tarde, especialmente en Estambul y Ankara, donde miles de personas salieron a las calles al grito de "¡Libertad para İmamoğlu!". Las protestas se extendieron durante casi dos semanas, convirtiendo lugares como la plaza Saraçhane en auténticos epicentros de resistencia. Según informó Al Jazeera, se trató de las mayores movilizaciones populares desde las protestas de Gezi Park en 2013. Estudiantes universitarios, trabajadores municipales, sindicatos, plataformas de derechos humanos y hasta sectores tradicionalmente apolíticos se sumaron a las marchas, marcadas por un espíritu de unidad inusual en el polarizado contexto turco.

LA RESPUESTA DEL ESTADO

El gobierno respondió con una estrategia de fuerza y control. Según cifras oficiales del Ministerio del Interior, más de 1.400 personas fueron detenidas entre el 19 y el 29 de marzo de 2025. Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch rebajaron esa cifra a unas 600 detenciones verificadas, señalando que muchas personas fueron aprehendidas de forma arbitraria, sin orden judicial ni identificación clara de los agentes intervinientes. Entre los arrestados figuraban estudiantes, periodistas, activistas sociales, cargos electos y ciudadanos que simplemente grababan las protestas con sus teléfonos móviles. El uso de la fuerza fue notorio. En Estambul, Ankara y Esmirna se registraron cargas policiales que incluyeron gases lacrimógenos, balas de goma y cañones de agua a presión. Se documentaron casos de agresiones durante las detenciones y se denunciaron condiciones degradantes en las comisarías, especialmente contra mujeres detenidas en las manifestaciones.

En paralelo, el gobierno implementó un apagón digital parcial. Freedom House informó de una interrupción del servicio en redes sociales como X, Instagram y TikTok durante al menos 42 horas en las principales ciudades. También se bloquearon sitios de noticias independientes, entre ellos Bianet y Medyascope. Incluso la cuenta del antiguo Twitter de Ekrem İmamoğlu fue restringida durante varios días, impidiendo que su equipo legal o familiar compartiera mensajes públicos en su nombre.

El 25 de marzo de 2025, tras la última gran manifestación en Saraçhane, el CHP anunció un cambio de estrategia. En lugar de seguir convocando protestas masivas que podían derivar en una escalada violenta, el partido pasó a organizar actos semanales de bajo perfil en todo el país. Esta desescalada permitió preservar el capital simbólico de la protesta sin exponer a sus bases a una represión aún mayor.

Un manifestante vestido de derviche es rociado con gas lacrimógeno por la policía (AP)

JUDICIALIZACIÓN DE LA OPOSICIÓN

El 23 de marzo, apenas cuatro días después de su detención, İmamoğlu fue trasladado a la prisión de Mármara, anteriormente conocida como Silivri, el mayor complejo penitenciario de Turquía. La misma jornada, fue destituido de su cargo de alcalde por una decisión administrativa basada en la "pérdida de confianza institucional". A partir de entonces, el caso se fue ampliando progresivamente. La Fiscalía general presentó una acusación que agrupaba varios presuntos delitos y solicitaba una condena total de 2.352 años de prisión. Los cargos incluían corrupción sistemática, abuso de poder, lavado de dinero, obtención de información clasificada y colaboración con entidades "contrarias a la seguridad del Estado". El expediente fue calificado por sus abogados como "un Frankenstein legal construido sobre conjeturas".

Paralelamente, İmamoğlu fue enjuiciado en otras dos causas. En julio de 2025, un tribunal lo condenó a un año y cinco meses de prisión por supuestamente haber "insultado a un funcionario público" durante una rueda de prensa en 2023. En octubre, se le imputó un nuevo cargo por presunto espionaje político, basado en su conocimiento de datos internos de la Junta Electoral durante las elecciones municipales de 2019.

La persecución no terminó con él. Bianet documentó la detención o inhabilitación de al menos 17 alcaldes del CHP entre 2024 y 2026. En ciudades como Antalya, Adana o Mersin, el gobierno designó kayyum (administradores estatales) para sustituir a los representantes electos. Esta práctica, ya aplicada contra alcaldes kurdos del HDP en años anteriores, ha sido calificada por analistas como un "golpe técnico a la democracia local".

DE LA CÁRCEL A LA CANDIDATURA PRESIDENCIAL

Lejos de desaparecer del debate público, Ekrem İmamoğlu ha reforzado su posición como referente de la oposición. Apenas cuatro días después de su arresto, el 23 de marzo de 2025, fue elegido por una abrumadora mayoría como candidato presidencial del CHP en unas primarias internas sin precedentes. Más de 15 millones de personas participaron en la jornada, sumando tanto a votantes del partido como a ciudadanos que acudieron a las "urnas de solidaridad", muchos de ellos movilizados por el simbolismo de respaldar a un líder encarcelado.

Desde la prisión, İmamoğlu ha mantenido contacto regular con su partido y sus abogados, y ha emitido varias cartas y declaraciones que han sido publicadas por sus portavoces. En una entrevista concedida a Reuters en febrero de 2026, afirmó que "Erdoğan perderá si se presenta de nuevo" y pidió elecciones anticipadas para restaurar la legitimidad política del país.

Aunque la Constitución turca establece los comicios presidenciales para 2028, sectores del CHP, así como analistas independientes, consideran plausible un adelanto electoral en 2027. Mientras tanto, el partido ha iniciado una campaña permanente de movilización bajo el lema "Birlikte Kazanacağız" (Ganaremos juntos), con actos semanales en todo el territorio, visitas puerta a puerta y redes de voluntariado juvenil.

EL HORIZONTE DE İMAMOĞLU

La comunidad internacional ha seguido de cerca la evolución del caso y ha reaccionado con gran preocupación ante el rumbo que ha tomado Turquía en el último año. Diversas instituciones europeas han condenado lo que consideran un ataque frontal al Estado de derecho y a las libertades fundamentales. El Parlamento Europeo ha aprobado varias resoluciones en las que denuncia sin ambages la "deriva autoritaria" del gobierno de Erdoğan. El Consejo de Europa, por su parte, ha expresado su inquietud por la falta de independencia judicial en el caso İmamoğlu y ha exigido su liberación inmediata, instando al ejecutivo turco a respetar los principios básicos de la democracia.

Organizaciones internacionales de derechos humanos también han alzado la voz. Human Rights Watch ha calificado el proceso judicial contra İmamoğlu como "políticamente motivado y carente de garantías mínimas", mientras que Freedom House ha situado estos hechos dentro de un patrón más amplio de "deterioro acelerado de la democracia" en el país euroasiático.

En enero de 2026, un tribunal de Estambul absolvió a 87 personas procesadas por participar en las protestas de marzo del año anterior. En su fallo, el juez recordó que "la manifestación pacífica es un derecho constitucional que no puede ser criminalizado". Esta sentencia fue celebrada como una victoria simbólica por parte de las organizaciones de derechos humanos y del propio CHP.

Ekrem İmamoğlu en su juicio (Stockholm Center for Freedom)

El pasado 9 de marzo, finalmente, dio comienzo en Silivri la primera vista del llamado “juicio İBB”. En una sala especialmente habilitada dentro del penal, İmamoğlu compareció ante un tribunal que deberá valorar más de 1.200 pruebas documentales presentadas por la Fiscalía. Sus abogados denunciaron irregularidades en la instrucción y reclamaron la nulidad parcial del proceso. La vista fue suspendida tras cuatro horas y se reanudará en abril, lo que prolonga un proceso judicial que ya acumula críticas dentro y fuera del país.

Hoy, cuando se cumple un año de la detención de Ekrem İmamoğlu, Turquía vive en un equilibrio inestable. El gobierno refuerza su control institucional, pero la oposición también se reorganiza. La figura de İmamoğlu, lejos de silenciarse, se proyecta como el principal desafío a la hegemonía de Erdoğan. Si el poder judicial consuma su condena y lo inhabilita definitivamente, Turquía podría asistir a unas elecciones sin su principal figura opositora. Pero si por el contrario el juicio se debilita, como temen sectores oficialistas, Erdoğan podría enfrentarse en 2027 o 2028 a su rival más fuerte desde hace dos décadas. La democracia turca, asediada por la represión, aún conserva una llama de resistencia que sigue ardiendo, por ahora, desde las celdas de Mármara.